Ocho puntos urgentes para salvar periodistas y activistas

El estado esta obligado a garantizar el ejercicio periodístico sin riesgos /Eikon

Entre 1994 y 2019, en México se han asesinado alrededor de 112 periodistas, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodista (CPJ). Once de las víctimas fueron mujeres. Artículo 19 AC, establece a su vez que han sido 131 homicidios entre 2000 y 2019, identificando a 10 mujeres asesinadas.

Claudia Cruz

Por otro lado, la Red Todos los Derechos para Todos y Todas informó que del 2012 al 2018 fueron asesinadas 159 personas defensoras de derechos humanos; 16 eran mujeres y tres personas transexuales. La CNDH, en “Análisis situacional de los Derechos Humanos de Periodistas y personas defensoras de 2018, reportó que del 2000 al 20 de diciembre de 2018, se registraron un total de 141 homicidios de periodistas, de los cuales 15 eran mujeres. Y en el caso de las personas Defensoras, de 2006 a 2018 contabilizó 40 homicidios, en 15 de los cuales las víctimas fueron mujeres. Más allá de la estadística diferenciada, lo que prevalece es la necesidad de fortalecer el marco jurídico nacional, así como políticas públicas que garanticen la labor periodística y de defensa de los derechos humanos.

Hoy, el gobierno federal cuenta con un marco jurídico creado desde 2012, el cual estableció políticas publicas para asegurar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos. Por ello se instaló el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas Federal. Existen otros mecanismos, como el de la CDMX y Unidades Estatales de Protección. En el caso del mecanismo federal, ha venido desarrollando diversas acciones para implementar medidas de protección cuando la vida e integridad han sido amenazadas y/o agredidas como consecuencia de su labor periodística y en la defensa de los derechos humanos. Su objetivo es garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, con el fin de ejercer de forma libre y segura el derecho a defender los derechos humanos, la libertad de expresión y de prensa y como consecuencia también el derecho a la información.

En el transcurso de estos años, diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como organizaciones de la sociedad civil (OSC), hemos venido monitoreando y evaluando la implementación de dicha ley, por lo que podemos decir que se requieren cambios sustantivos que fortalezcan dicha protección. Sin embargo, lo más imperante es que las autoridades de los tres niveles de gobierno se comprometan a realizar una verdadera política tendiente a proteger las libertades democráticas a través de garantizar la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.

Nuestro país requiere de una política de Estado verdadera, clara y contundente para la defensa, promoción y protección de los derechos humanos. Esta deberá fundarse a través de un tipo de pacto político y social de toda la nación, (no show, no evento publicitario) que ponga en el centro a las personas víctimas, y que las instituciones, autoridades y marcos jurídicos estén al servicio de las víctimas amenazadas y/o agredidas, pues son a las víctimas a quienes debe asegurarse y protegerse, no a las instituciones. La instauración de una política de Estado que transforme la cultura social y política para que en la ciudadanía prevalezca la libertad de expresión y de prensa como uno de los bastiones de la democracia, una política de Estado que imponga una responsabilidad compartida entre la federación y los estados sobre la protección de la vida e integridad de periodistas y defensores, una política de colaboración y cooperación que proteja a el ejercicio de su labor sin riesgos, con la libertad y seguridad.

El nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y el Congreso de la Unión con una mayoría del partido Morena, ha venido realizando cambios en diversas leyes, muchas veces sin evaluar o diagnosticar los impactos que muchas de ellas han generado en nuestra sociedad. Por ello es importante resaltar que la Ley del Mecanismo Federal tiene hasta el momento diversos estudios, reportes, análisis y diagnósticos de evaluación sobre su implementación e impactos que ha dejado durante estos años. Así mismo, establecen propuestas de modificaciones legislativas que se requieren para que el Mecanismo Federal logre sus fines. También se requiere de los recursos presupuestarios y humanos que permitan el acompañamiento a víctimas por personal capacitado en los procesos de victimización y proyectos de vida, procurando y protegiendo que no se detenga el ejercicio su labor.

Estos estudios señalan también que se debe atender el desplazamiento forzado y el retorno a sus lugares de origen, enfrentar los procesos judiciales para que los responsables sean presentados ante la justicia y no queden impunes sus actos; recibir los apoyos psicosociales que requieren las víctimas y sus familias. Pero se necesita igualmente de otras reformas para transformar a los mecanismos en un nuevo pacto político y social que garantice que México no sea uno de los lugares en el mundo donde más se asesina a la democracia. Por ello creo que es indispensable atender los siguientes puntos:

1. La generación de una Ley General que distribuya y obligue a las autoridades de todos los estados, la Ciudad de México y la Federación a coordinarse y establecer medidas de prevención y de protección urgente para atender los factores de riesgo con el fin de reducirlos para prevenir amenazas y agresiones; coordinarse y cooperar de forma inmediata para salvaguardar la libertad, la vida e integridad de las personas, una coordinación nacional de mecanismos locales y unidades de protección estatales encabezada por la federación, con el objetivo de coordinar actividades en la implementación de las medidas de protección.

2. Establecer jurídicamente la implementación de protocolos para el uso de inteligencia especializada que fortalezca la prevención, protección y atención de factores de riesgo, ya que todos los gobiernos de las entidades federativas y la federación producen este tipo de información que solo está siendo utilizada para supuestas áreas estratégicas de seguridad y economía del país, pero pareciera que la vida de las personas periodistas y defensoras no fuera una prioridad estratégica a proteger; la inteligencia especializada debe estar al servicio de proteger la vida, integridad y libertad de las personas.

3. Incorporar en el marco jurídico los elementos esenciales para concebir un modelo de prevención y atención a víctimas, y que en los procesos de victimización se garantice que las personas beneficiarias de estos mecanismos sean atendidas a través de protocolos de atención psicológica, médica, legal y social, donde se les dote de apoyos psicosociales sin que esto se convierta en una carga, obstáculo, presión o más trabajo que produzca angustia, ansiedad, desvalorización o inseguridad, una revictimización que altere la estabilidad emocional o psicológica.

4. Otro asunto trascendental que no debemos dejar de lado, es entrar al análisis y debate sobre las condiciones laborales de las y los periodistas. La mayoría de los dueños de los medios de comunicación obtienen enormes ganancias económicas, pero mantienen en condiciones precarias y sin prestaciones de ley a sus reporteros. Ese abandono se refleja también en el contexto de amenazas, agresiones y demandas judiciales en contra de periodistas. Por ello, el estado mexicano, empresarios y periodistas deben comenzar a definir la protección de sus derechos laborales, necesarios para realizar su labor de manera, libre, segura y digna.

5. No menos importante es el tema pendiente y en franco retroceso: el “Acceso a la Justicia”. Mientras las fiscalías del país no investiguen las denuncias de amenazas, agresiones, desapariciones y homicidios, dejan en la más absoluta impunidad estos actos de terror al que se enfrentan diariamente las víctimas. Las fiscalías deben garantizar que ninguna denuncia quede impune.

6. Implementar un sistema de indicadores que permita evaluar de forma precisa y constante las medidas de protección, así como los impactos en la vida y desarrollo de las actividades de las víctimas amenazadas y/o agredidas. De la misma manera, sobre los procedimientos judiciales que impidan la impunidad.

7. Debemos trabajar sobre cómo impulsar cambios jurídicos garanticen castigo ante la violación a los derechos humanos. A la fecha, de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, solo nacen actos que obstaculizan o impiden en ejercicio periodístico y de activismo de las víctimas. Ante ello, los Códigos Penales deberán de transformarse para que la violación a estos derechos tampoco quede impune.

8. Se debe generar un sistema que recoja y permita dar seguimiento a las agresiones, amenazas, homicidios, feminicidios y tener con claridad los datos de las personas que han sido agredidas, terminando ya con la danza de cifras oficiales que discrepan siempre de las que aportan las ONG.

Finalmente debemos pensar que cada vez que una persona pierde sus derechos para recabar, reproducir y compartir la información se debilita nuestra Democracia; cada vez que alguien no puede decir lo que piensa o manifestar su descontento sobre las acciones gubernamentales, se merman nuestras libertades y por ende la presencia de un Estado democrático y de Derecho se va ensombreciendo; se impide que el pueblo mexicano tenga acceso a la información. Sin información, la ciudadanía no puede reflexionar, analizar y tomar decisiones sobre qué y cómo deben actuar las autoridades que nos gobiernan. No podemos opinar, reclamar o demandar lo que por derecho debemos demandar y no convertirnos en subordinados de pensamiento, pues requerimos que las voces, las plumas de la información y la defensa de los derechos humanos sigan activas.

con libertad opinar sobre el desarrollo del futuro de nuestra nación. Finalmente, es indispensable que el Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial garanticen de manera urgente todos los recursos necesarios y suficientes para un ejercicio pleno de la labor periodística y de defensa de los derechos humanos.

P.D. Por ahí les encargo… también es urgente que el Congreso y el Gobierno de la Ciudad de México, le regresen la dignidad el Mecanismo de Protección Integral de Persona Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la CDMX. Hace dos años tenía un presupuesto de 15 millones de pesos. El año pasado, en vez de subirlo lo bajaron a 12 millones, por lo que tuvo que desmantelar la estructura de recursos humanos y apoyos psicosociales que requieren las personas víctimas para llevar acabo la implementación de su modelo de atención y sus procesos de victimización de forma digna y adecuada. ¡Urge!

.*Directora General del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia AC @claudiacruz2001; institutodeaccionciudadana@gmail.com

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