Hay que atender a la niñez para alcanzar la paz

Clara Torres sorprendió al renunciar al actual gobierno.

En febrero pasado, Clara Torres sorprendió al convertirse en la primera funcionara en renunciar al actual gobierno. Lo hizo, dijo, porque se traicionó un programa que funcionaba casi perfecto y con ello se violentaban los derechos de más de 320 mil infantes acogidos a él. Desde Chihuahua, donde se mantiene a la cabeza de los Centros de Atención Infantil que ella misma fundó en 2007, habla de la batalla legal que se libra contra de la 4T.

Marcos Guerrero

El clima ardiente y seco del medio día convierte en amenaza la tierra que esparce el traxcavo a unos metros de donde Clara Torres reflexiona sobre la suerte de Ciudad Juárez, de donde es originaria y donde, en 2007, abrió el primero de 140 Centros de Atención Infantil que hoy coordina allí y en otros trece municipios de Chihuahua.

“Lo que la sociedad le da a nuestros niños, los niños le dan a la sociedad”, dice. “El ejemplo más claro lo tuvimos aquí entre 2008 y 2010, cuando se registró el más alto índice de violencia del país. Los niños que fueron desatendidos por el gobierno fueron los jóvenes involucrados en esa fase violenta”.

Torres se refiere al episodio criminal que devastó a esta frontera tras proclamarse la “guerra contra el narco” del entonces presidente Felipe Calderón.

Ciudad Juárez concentró uno de cuatro homicidios cometidos en el país durante aquella época, pero ya antes había convulsionado en términos sociales.

Desde la década de 1990, los índices de consumo de alcohol y drogas entre menores, la violación y el homicidio de mujeres, lo mismo que las tasas de maltrato infantil y violencia intrafamiliar, encabezaban la estadística nacional.

Tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la vocación económica de la ciudad se afianzó. Juárez es el municipio con mayor porcentaje de mujeres dentro del sistema laboral, y también el que encabeza la lista de hogares con ellas como proveedoras únicas del sustento.

El problema es que la vocación de las mujeres cambió, pero no lo hizo el sistema para apoyarlas, ni a ellas ni a sus descendientes. En todo caso, la ciudad fue presa de la avaricia de los dueños del capital y de los gobiernos corruptos, que se fueron sucediendo uno tras otro.

La mancha urbana creció de manera desorbitada a raíz de la especulación de la tierra, y a pesar de contar con los parques industriales más modernos del país, el entramado urbano fue empobreciéndose.

De una década para otra, las madres trabajadoras emprendieron en solitario una lucha no solo por preservar su empleo y seguridad personal, sino para sostener a sus hijos sin ningún apoyo institucional, más allá de un par de guarderías del IMSS.

El lugar donde el traxcavo levanta la nube de polvo es un libramiento llamado Juan Pablo II. Corre paralelo al río Bravo y en su trayecto conecta a cuatro grandes parques industriales. Por allí, antes del amanecer, durante las tardes y después de la media noche, corren decenas de autobuses llenos de mujeres obreras.

“La necesidad era obvia”, dice Torres, cuya actividad política inició en 1986, tras el fraude que despojó de la gubernatura a Francisco Barrio Terrazas, el candidato del PAN. Del partido en el que militó desde entonces, renunció hace años, decepcionada del cauce que tomaron sus dirigentes y gobernantes. Tras ello se propuso darle forma a la idea que tuvo desde muy temprana edad: solventar, en la medida de lo posible, el vacío del Estado en la atención de la infancia.

El modelo que empleó guarda semejanza con otro iniciado por el gobierno de Calderón, en el mismo 2007. El programa de Estancias Infantiles se mantuvo durante la administración de Enrique Peña Nieto, y al triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, Clara Torres fue invitada a encargarse de supervisar el programa durante la transición, y una vez establecido el gobierno, se le ofreció dirigirlo. Torres cobró notoriedad pública en febrero pasado, cuando se convirtió en la primera funcionara en renunciar a la 4T.

Decidió hacerlo, dice, al aplicarse una reducción de la mitad del presupuesto al programa y al enterarse, también, que la estructura de nueve mil 500 estancias en mil 200 municipios, se tomó como una amenaza política.

“Esto no es una deducción mía, a mí me lo dijeron tal cual, me lo dijo a la cara Ariadna Montiel, la subsecretaria de Bienestar: ‘Yo soy discípula de (Andrés) Bejarano y una estructura en mil 200 municipios con nueve mil 500 líderes mujeres, es una estructura que ya la quisieran tener muchos partidos. Esto es una amenaza para nuestro gobierno, y ya no se va a tratar como una política pública’”, cuenta que le dijeron.

Con la renuncia se abrieron frentes de ataque. El primero de ellos provino de la propia Montiel, dice Clara Torres. Pero al final, las cosas tomaron su dimensión exacta.

Lejos de darle vuelta a la hoja, varias directoras de estancias promovieron amparos, auxiliadas por políticos de oposición, pero también por organizaciones de la sociedad civil y barras de abogados.

Se han presentado alrededor de mil 700 amparos, de los que han ganado 89, la mayoría de ellos en Chihuahua.

LO QUE PASÓ, CUENTA TORRES, ES UNA DESGRACIA.

“El tema de estancias, que ahora lo veían como amenaza política, desaparece y deciden darle el dinero directamente a las madres por medio de padrones, como lo hacen con las personas de la tercera edad”, dice.

“Se desentienden totalmente de la supervisión y de los modelos de intervención, porque dentro de las estancias infantiles se implementaba el programa de educación inicial, que lo manejaba el DIF y había convenios con la SEP para que cuando una estancia infantil demostraba que había dado seguimiento a la educación inicial, les acreditaba el primer año de preescolar.

“También hubo una convocatoria internacional por parte de Naciones Unidas para el tema de discapacidad, y México ganó con estancias infantiles esa convocatoria. A las trabajadoras de las estancias les enseñaron, por ejemplo, a detectar distintos tipos de discapacidad en los menores de meses o de un año, y cómo tratar a cada uno para que tuvieran una mejor calidad de vida en el futuro.

“Estancias infantiles es el programa que de hecho tenía mayor inclusión de infantes con discapacidad en todo México. Ni el Seguro Social registraba esos niveles de inclusión. Este año se proyectaba que de manera virtual se pudiera cubrir el 100 por ciento de las estancias, que todas pudieran recibir a niños con discapacidad, con asesoría y acompañamiento de Naciones Unidas”.

¿Qué desata todo ello, el términos jurídicos? Después de eso lo que sucedió es que en una forma indebida, ilegal, violando todos los derechos de la infancia, deciden transformar este programa en un programa electorero. Porque eso es lo que es darle dinero a las madres. Ellas se lo pueden gastar en lo que sea, porque no hay ningún condicionamiento para que se invierta en los niños.

Creo que ahora les dan 700 pesos, y nomás al 50 por ciento de ellas, porque redujeron el presupuesto a la mitad. Entonces, a parte de que lo redujeron, ya no tiene ningún elemento de cuidado infantil. Ninguno.

Pero lo más grave no es eso. La constitución nos dice que tenemos un principio que se llama de Progresividad o de no Regresión. ¿Qué significa esto? Que si a los niños ya se les otorgó un programa gubernamental, un recurso para la protección de sus derechos, ningún gobierno puede reducirles esos derechos conquistados o reconocidos.

Cuando el gobierno realiza este cambio sin ninguna aprobación, sin ningún estudio de por medio, sin análisis de indicadores, ellos vuelven a cometer otra violación. Entonces, desobedecen al Poder Legislativo, violan los derechos humanos y violan la constitución.

Entre los señalamientos de corrupción, hubo uno que refirió la inexistencia de 100 mil infantes…

Las investigaciones que hicimos llegar a la CNDH dan cuenta de cómo la 4T borró, así, abiertamente, borró a 100 mil beneficiadas para después señalarlas como fantasma. Pero esos niños existen, tienen una Curp, tienen un domicilio y tienen un número de beneficiario.

Diferentes medios de comunicación, la misma CNDH y otros muchos organismos empezaron a solicitar, vía transparencia, tanto al DIF como a la Secretaría de Bienestar la lista de los 100 mil niños fantasma que se habían detectado, puesto que con ellos se valieron para cancelar el programa. Y la respuesta fue que esa lista no existe.

En los escenarios que ves, ¿habrá consecuencias jurídicas?

La Secretaría de Bienestar presentó una contradicción de tesis, en la que dijo si unos amparos se ganan y otros se pierden, deben entonces ganarse todos o perderse todos. Pero la Suprema Corte de Justicia respondió que un amparo se puede perder porque se realiza mal, y no por ello se invalida al resto.

Por otro lado, en Chihuahua ya están en desacato jurídico. Los jueces de Distrito han turnado a Tribunales, al Ministerio Público, a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores; a Juan Carlos Loera, el delegado federal, y a Ariadna Montiel, porque es un delito desacatar. No les importa, porque la verdad ellos no sé de qué se sienten protegidos.

Al margen de las batallas legales, Clara Torres se mantiene a cargo de los Centros de Bienestar Infantil en Chihuahua. En ellos se atiende a menores de entre 4 y 14 años. Para ello, los gobiernos municipales aportan becas de 500 pesos mensuales, lo que deja a las madres un pago de entre 200 y 250 pesos semanales.

Algunos centros, sobre todo los que operan en Ciudad Juárez, abren desde las cuatro y media de la mañana y cierran hasta las siete de la tarde. Los infantes descansan, van a la escuela, son acompañados para realizar sus tareas y tienen actividad lúdica.

Los resultados en 13 años, la tienen satisfecha. Ofrece un dato: no hay embarazos entre quienes egresaron de esos centros de cuidado, lo cual es significativo si se toma en cuenta que Juárez es el municipio con mayor porcentaje de madres adolescentes.

Académicamente, dice Torres, el impacto también es medible. En promedio, cada infante eleva sus calificaciones casi dos puntos.

“Si ahora México, este gobierno, va a abandonar a los niños, como se hizo aquí hace años, el país se puede convertir en un Ciudad Juárez del 2010. Porque, ¿cómo quieres tener una ciudad en paz si los niños vivieron violencia, si están viviendo violencia?”, se pregunta.


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