Corrupción y Crimen

Dijo que gobiernos estatales permitieron la operación de células criminales. Foto: José Manuel R.

La emoción se podía escuchar en el altavoz del celular. Los 1,478 kilómetros de distancia no fueron impedimento para que a la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, se le revelara la adrenalina de estar frente a miles de personas en la tierra que le dio un escaño.

Desde aquella entidad peninsular, la expresidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, arremetió en contra no solo del máximo mandatario del lugar, también denunció a Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco y aun expresidente con el que sostiene una guerra de discurso moral, el panista Felipe Calderón Hinojosa.

“Algunos gobernadores no han cumplido con su responsabilidad, son mandatarios que tienen cuatro años, tres años; es decir, desde antes de que entrara este nuevo Ejecutivo. Son gobiernos que están marcados con un alto índice delictivo. Por ejemplo, en Baja California Sur tuvimos miles de ejecuciones, un estado casi aislado, que ni así pudieron controlarlo. En Jalisco el problema está recrudecido y esa gran responsabilidad es del gobernador de Movimiento Ciudadano”, dice.

“El crecimiento del cártel de la Nueva Generación, el enfrentamiento entre grupos criminales… Pero la estrategia federal será distinta, lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador: “Yo no voy a pelear con los cárteles”.

La senadora Trasviña asegura que con buenas condiciones laborales, oportunidad, seguridad social y un fuerte entrenamiento, la Guardia Nacional, no generará que los estados se vean expuestos a una mayor violencia.

Promete, quizás porque está en temporada de hacerlo, que los gobernadores ya están fijando acuerdos de colaboración, los cuales implican que la guardia únicamente aborde los temas de índole federal. Anticipa que habrá lista pública de detenidos, no uso de la fuerza pública para sometimiento de la ciudadanía, y mucha educación. Pero aún falta un acuerdo de sanción para quien lo incumpla.

“A México lo dejaron en la ruina, lo dejaron destruido”, dice. “Tenemos un país con miles de ciudadanos en la extrema pobreza y el extremo abandono. Por eso el marco normativo en materia de seguridad es tan importante. La creación de la Guardia Nacional será para eso. Un cuerpo militar de mando civil con un alto nivel de disciplina, capacitación profesional, ascenso, unos regímenes de capacidad superiores a los actuales”.

La senadora prosigue: “Los gobernadores de los estados, por lo general, ya están en los acuerdos de coordinación, tanto de las policías federales, como con la Guardia Nacional, las policías municipales y las policías estatales, ya estamos en ese espacio de coordinación. Desde luego que la Guardia Nacional solo atenderá los asuntos que son de orden federal y cuando el estado o el municipio los requiera, ellos estarán listos para entrar en acción.

“Junto a la guardia se garantizan los Derechos Humanos que son un reclamo de la sociedad, se garantiza también el registro nacional de detenidos, se garantiza también que no se abusará del uso de la fuerza, por eso se está capacitando a los integrantes de la guardia”.

LOS MUERTOS NO SE DISCUTEN
La seguridad es un negocio. Así lo reconoce Trasviña Waldenrath. Asegura que miles de millones de pesos que eran enviados a las entidades para combatir el crimen, terminaron en manos de la corrupción. Culpa al expresidente panista Felipe Calderón de iniciar una guerra sin estrategia y de desestabilizar al país.

La misma acusación que usaron contra el actual presidente, rebota en las fauces de una realidad irreparable. Decenas de miles de muertos.

No hay cómo discutirle. La senadora lleva desde marzo con un discurso fuertemente anticalderonista. Desde que frente al resto de legisladores llamó “Borrachín” a Felipe Calderón, inició una guerra de moralidad, la misma con la que defiende el proyecto de gendarmizar al país.

“Se manejaron los dineros, vilmente, en actos de corrupción y que no tuvieron nada que ver con el fortalecimiento de las corporaciones”, señala.

“La presencia de milicia en las calles, efectivamente aumenta la criminalidad, pero no es el caso de la Guardia Nacional. El desencadenamiento de la guerra, de esa guerra que lanzó Felipe Calderón, y que aún se ha sostenido por la lucha de las plazas de los cárteles, la lucha por sus territorios, fue derivado del ataque frontal propuesto por Felipe Calderón sin que existiera estrategia para efectos de participación de las Fuerzas Armadas.

“Nosotros confiamos en que vamos a lograr revertir ese proceso realmente lastimoso, más de 250 mil ejecutados, más de 50 mil desaparecidos, más de 50 mil feminicidios, son situaciones que rompieron el país”, insiste.

NEGOCIO CRIMINAL
La responsabilidad sin rostro. Quienes hayan participado en actos delictivos: “serán investigados”, dice firmemente la senadora, que lleva ya media hora en el teléfono sin rechistar a las preguntas. Luego de reconocer la catástrofe, asegura que en un segundo plano, los actuales índices de inseguridad no pudieron crecer solos. No revela nombres ni da mucho detalle de lo que podría ser el despliegue de responsabilidades más alarmante. La senadora se limita a reconocer que algunos funcionarios tomaron recursos del crimen organizado.

“No se puede entender el crecimiento de la criminalidad, sin la colusión de los estados. Definitivamente está saliendo cuál fue el nivel de participación, a qué niveles llegó la corrupción. Incluso dentro de la misma gente que estaba como funcionario o político. ¿De qué manera se logra introducir? Si bien, efectivamente, no fueron ejecutores de crímenes o de otro tipo de delitos, es cierto que sabemos que se convirtieron en lavadores de dinero para permanecer en el poder aprovechando el dinero otorgado por los
grupos criminales”, acusa.

“Con eso compraron conciencias, era el dinero que iba y venía, dinero sucio. Afortunadamente ahora estamos trabajando en ello, haciendo leyes como la de extinción de dominio, la ley anticorrupción. Entonces, estamos trabajando porque son temas que nos preocupan”.

La entrevista terminaba cerca de las ocho de la noche. Pero la legisladora no estaba dispuesta a dejar el altoparlante sin aclarar el conflicto de seguridad en Jalisco. Innegablemente hay una crisis. Y contra las declaraciones del gobernador Alfaro Ramírez, Trasviña Waldenrath asegura que serán los elementos de la Guardia Nacional quienes tomen cartas en el asunto.

En pasados días circuló un video donde 24 elementos fuertemente armados aseguraban que el gobernador de la entidad había roto con la promesa de “Paz” con el Cártel Jalisco Nueva Generación. El terror, dice, es responsabilidad del gobernador; resolverlo, de la nueva gendarmería.

“Precisamente dentro de las facultades de la Guardia Nacional esta esa: si en el video que apareció en Jalisco estamos hablando de armas de uso exclusivo del ejército, la guardia será quién tenga que actuar porque ya estamos ante la presunción de hechos delictivos del orden federal. Este tipo de armas está regulado por la Ley de Armas Nacionales y quienes las porten o las tenga en posesión y/o las traslade, ya están cometiendo un delito”, explica.

“Dentro de la Comisión de Defensa Nacional se está analizando el tema del tráfico de armas, nosotros en la Comisión de Seguridad estamos caminando con otros proyectos de reforma que derogan disposición del código penal para mejorar el tema de seguridad informática, por ejemplo. A los dos años de que implementemos la Guardia Nacional, visualizo un panorama alentador, de fuerte disminución de la violencia, que los jóvenes ya no tengan que reclutarse en el crimen organizado”.

LA MAFIA DEL MP
La corrupción dentro de las corporaciones policiacas sigue pendiente. La legisladora dice que habrá más castigo para los policías que sean descubiertos en actos de corrupción, pero también reconoció que el sistema judicial está tomado por los agentes del ministerio público que, según las normas actuales, son los únicos con jurisdicción para iniciar una investigación en contra de un acusado. Es decir, serán juez y parte en el proceso de “limpia” a las unidades de seguridad. La deuda persiste.

“Habrá mayores castigos para quienes formen parte de los grupos de seguridad y sean descubiertos en actos de corrupción. Queremos que quien pretenda hacerlo, se inhiba”, dice.

“El segundo problema es el de la cooptación de las investigaciones. Los Agentes del Ministerio Público, constitucionalmente son los únicos facultados para iniciar carpetas de investigación y definitivamente es la autoridad judicial quien tendría que resolver en definitiva si el sujeto es sometido a juicio o procesamiento de orden legal. Estamos consientes de ello y lo estamos atendiendo, es muy grande la tarea, pero nuestro presidente es el gran ejemplo.

“Son pocos meses, en pocos meses no podemos dar grandes resultados frente a tantos años de saqueos que hubo en el país”.

Por Ricardo Balderas. / 5 de septiembre de 2019.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *