Reforma laboral, Preámbulo a un idilio inédito

La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), promulgada en mayo de este año, representa en términos reales, un importante cambio en materia laboral, que para efectos de comprender los ámbitos que impactará, podemos dividir en tres apartados las modificaciones que se avecinan: la relación obrero-patronal, la organización sindical y la justicia laboral.

Los puntos clave de la reforma incluyen que los patrones tendrán la obligación de entregar a sus trabajadores –de manera gratuita– un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo inicial o de su revisión, dentro de los 15 días siguientes a que sea depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Los contratos colectivos de trabajo deberán
revisarse al menos una vez cada cuatro años.

Sobre sindicatos, federaciones y confederaciones, la reforma estipula que los trabajadores y los patrones tienen derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a las mismas, “con la sola condición de observar los estatutos de las primeras”.

Para esto no necesitarán autorización previa. También tienen derecho de libre afiliación y no pueden ser obligados a formar, o no, parte de agrupaciones.

El texto estipula que la elección de directivas de sindicatos y federaciones “deberá ser mediante voto personal, libre, directo y secreto de sus miembros, y que el periodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido. Además, las federaciones y confederaciones deberán constituirse por al menos dos organizaciones sindicales”.

Desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje. En su lugar se creará el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que realizará la función conciliadora en materia federal y llevará el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores del mismo y de las organizaciones sindicales.

El primer punto, el referente a la relación del patrón y sus empleados, será el que impacte a corto plazo la vida laboral del País; por ejemplo, lo relacionado con el pago de indemnizaciones, igualdad ante la ley del hombre y la mujer, la obligación del patrón de entregar a los trabajadores copia del Contrato Colectivo de Trabajo, entre otros, serán aspectos cuya aplicación será inmediata y que dará beneficios a los trabajadores.

En entrevista, Arturo Carrasco Cruz, asesor legislativo en la Cámara de Diputados, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, señaló que “estos cambios deben aplicarse una vez que entraron en vigor las reformas y tienen como plazo máximo el año 2023. A mediano y largo plazo empezaremos a vivir los efectos con respecto a los cambios de la vida interna de los sindicatos, particularmente, los temas relacionados a su organización y designación de dirigentes.

Estas modificaciones empezarán a aplicarse a partir del año siguiente y será hasta 2023 cuando se tengan los primeros resultados. Con los cambios realizados en este sentido se da cumplimiento a los acuerdos de la Organización Internacional del trabajo (OIT) y del Tratado de Libre Comercio (T-MEC).

“Mientras que en materia de justicia laboral, los cambios serán los últimos en aplicarse, esto porque conllevan a la creación de una nueva figura: el Centro de Conciliación y Registro Laboral que operará a nivel federal y local. La tardanza obedece, entre otras cosas, a que queda pendiente la creación de la ley orgánica de estos centros, la cual el Congreso deberá expedir en un plazo no mayor a 180 días.

“Cabe señalar que con la reforma al artículo 360 de la LFT se facilita la organización sindical de los trabajadores al establecer el derecho de organizarse como ellos quieran, lo cual permitirá generar una mayor democracia sindical y que los trabajadores no vivan sometidos a la voluntad de una organización sindical, solo por pertenecer a determinada empresa”.

Respecto a los sindicatos blancos, el especialista dijo que se han establecido mecanismos para el combate a dichas prácticas, mediante el establecimiento del voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores, así como la rotación de las dirigencias sindicales. Considero necesario señalar que estos cambios no afectarán a los sindicatos conformados por los trabajadores del Estado, porque no fueron incluidos en los cambios propuestos por la reforma.

REFORMA CONSTITUCIONAL DEL SEXENIO PASADO
El anuncio de la aprobación de esta reforma constitucional, que es calificado como un nuevo modelo de justicia laboral, inició el 24 de febrero de 2017, con la modificación hecha al artículo 123, mediante la cual se planteó la desaparición de las conocidas Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto federal como locales, para dar pie a tribunales laborales que ahora dependerán del Poder Judicial correspondiente.

De esta manera, la nueva reforma legal aprobada es el complemento ordenado por una reforma constitucional del sexenio pasado. Una lectura que se puede generar en ese sentido, aún en contra de la retórica oficial, es que no todas las reformas del pasado deben desaparecer.

Un aspecto a considerar es que de esta manera se pretenden modernizar los procesos de impartición de justicia laboral. Por ejemplo, los conflictos laborales entre patrones y trabajadores se resolverán en tribunales del Poder Judicial, los culés eran turnados a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que dependían del Poder Ejecutivo federal o local.

De ahora en adelante, los laudos serán sentencias y resoluciones judiciales. En este caso es obligatorio que las partes en conflicto asistan a una instancia conciliatoria, en vez de iniciar un proceso judicial ante tribunales laborales.

Al respecto, Arturo Carrasco Cruz, señala que desde la perspectiva de las empresas y los empleadores, la reforma significa que, si bien era posible crear más sindicatos dentro de una misma empresa, “la reforma implica ahora que los empresarios organizados en el Consejo Coordinador Empresarial deberán respetar las implicaciones que surjan respecto a la discusión del contrato colectivo de trabajo, así como el que los trabajadores tengan la opción de ejercer su voto de manera directa. Estos fueron dos de los aspectos centrales a los cuales se opusieron.

En el Congreso negociaron estos cambios con las diversas fuerzas políticas; sin embargo, no lograron el cambio que buscaban”. Respecto a las implicaciones que conlleva la desaparición de las conocidas Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto federal como locales, para dar pie a tribunales laborales que ahora dependerán del Poder Judicial correspondiente, el asesor legislativo en la Cámara de Diputados, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, resaltó que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral será un organismo descentralizado “con personalidad jurídica y patrimonio propio, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Sus funciones de conciliación y registrales se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.

Su creación obedece a la reforma constitucional de febrero de 2017, en donde se aprobó la transición de la justicia laboral del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. “La principal implicación que observo es que a partir de ahora serán estos tribunales, que forman parte del Poder Judicial, los encargados de resolver los conflictos entre patrones y trabajadores, pero antes de actuar, será necesario que las partes en conflicto acudan primero a una instancia conciliatoria.

El reto que se vive ahora es la profesionalización de los encargados de
estas áreas, los cuales, además de ser especialistas en la materia,
deberán tener en su actuar una visión transversal en materia de derechos humanos y género”.

También consideró que una de las implicaciones que observó en este proceso, es que el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje Laboral tendrá una Junta de Gobierno que se conformará por entidades gubernamentales, a través de representantes de la STPyS, SHCyP, INAI, INEGI e INE.

ACCIONES EN CASO DE ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO
Si bien, la reforma anterior, la de 2017, preveía sanciones a trabajadores por actos de hostigamiento o acoso sexual, como multas que van de las 250 a las 5 mil Unidades de Medida y Actualización vigentes, éstas se aplican al patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo, hostigamiento sexual, o que tolere o permita actos de acoso u hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores.

La reforma actual adiciona como obligación del patrón “implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil”.

También señala entre los procedimientos de conciliación que cuando ocurra un caso de acoso sexual, discriminación u otros actos de violencia, en los que exista el riesgo inminente de revictimización “la autoridad tomará las medidas conducentes para que en ningún momento se reúna o encare a la persona citada a la que se le atribuyan tales actos”.

El texto de la Reforma señala que “en estos casos el procedimiento de conciliación se llevará con el representante o apoderado del citado” para evitar que la víctima y el presunto responsable se encuentren en el mismo lugar. También optimiza el derecho a una tutela judicial efectiva, entendida como el derecho a acudir a tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o defenderse de una acusación.

Mientras que las controversias entre los asegurados o los beneficiarios y el IMSS sobre las prestaciones que otorga la Ley del Seguro Social deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral.

En tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones (y demás sujetos obligados), se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. “De nuevo, contra la retórica oficial que afirma que algunas reformas estructurales del pasado fueron indeseables porque habían sido impuestas desde el extranjero, resulta que una parte importante de la nueva reforma laboral fue un requisito exigido por los socios comerciales internacionales y que fue aceptado por el gobierno anterior.

Quizás esto sirva para ilustrar que no todas las exigencias del exterior van en contra del interés nacional”, dijo el asesor.

EL CONTEXTO MUNDIAL, PARTE FUNDAMENTAL
Con la aprobación de la Reforma laboral, en el contexto internacional, de acuerdo con los compromisos adquiridos por México en el contexto por ejemplo del nuevo TLCAN, algunas leyes deberán adaptarse y modificarse, con implicaciones que fueron señaladas por Arturo Carrasco Cruz.

“Como parte de las negociaciones del T-MEC, México se comprometió a
modificar las condiciones generales de trabajo, lo que era una exigencia de los norteamericanos. Lo anterior no obedece a un deseo de nuestros vecinos del norte a mejorar las condiciones laborales de los mexicanos, sino a que de esta forma se podrá evitar que muchos trabajadores migren a los Estados Unidos, lo cual, como sabemos, ha sido una de las principales banderas del presidente Donald Trump.

También se tenían que cumplir compromisos contraídos en materia de justicia laboral con organismos como la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). “Esta reforma no puede verse como resultado del trabajo del gobierno federal y su bancada en el Congreso, sino que es resultado de acciones que iniciaron años atrás y que –para bien– continuaron en este gobierno, así como de situaciones externas que también incidieron en su aprobación.

En todo caso a MORENA se le debe la relativa aprobación de esta reforma desde que presentó la iniciativa a finales de diciembre del año pasado, en
la Cámara de Diputados, y la aprobación en abril de este año.
“A los partidos de izquierda, principalmente al PRD, se le puede reconocer que desde siempre había tenido como una de sus banderas -en materia laboral- la reforma sindical, particularmente, la democracia al interior de los sindicatos, tema que se empeñó en mantener en la agenda pública; sin embargo, no tuvo la capacidad de avanzar hasta lograr el objetivo deseado.

Respecto al PRI, podemos decir que en su momento dio un primer avance hacia esta reforma al haber logrado modificar, en febrero de 2017, el artículo 123 constitucional para desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Finalmente; el PAN tuvo la virtud de no obstaculizar la reforma y
acompañar a la misma. Que algún partido se aproveche de esta reforma y la dé a conocer como parte de sus propuestas de campaña en las elecciones de este año se ve difícil porque sus beneficios, como mencioné, no se observarán en todos los casos de manera inmediata lo que reduce e impacto de los cambios en la percepción ciudadana.

“Por otra parte, existen otras reformas que han generado mayor controversia, como la educativa, que podrían opacar los cambios generados por la reforma laboral. En todo caso, lo que permitió la reforma fue la generación de nuevas alianzas, sobre todo para MORENA y el Presidente, con líderes sindicales como Napoleón Gómez Urrutia, quien ha conformado una nueva organización sindical (Confederación Internacional de Trabajadores), que será una organización que definitivamente apoyará al gobierno federal, en particular, al Presidente en su proyecto”.

Arturo Carrasco Cruz mencionó que “otro aspecto interesante a destacar es
que varios de los sindicatos, como la CTM y la CROC, que por años se opusieron a las reformas sindicales, principalmente, a la búsqueda de una mayor libertad sindical, aceptaron las mismas, sin mayores problemas.

Esto no debe verse como una concesión de su parte, sino como un reconocimiento y aceptación, muy a su pesar de que ha habido cambios. Esta situación la reconoció el propio coordinador de los diputados priistas, René Juárez, al decir que ‘era necesario para los liderazgos adecuarse a los nuevos tiempos’”.

Autor: José Juan Reyes.

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