El INAI ha cumplido con su misión de garantizar el acceso a la información

Ante el cuestionamiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la utilidad del INAI en el combate a la corrupción, el comisionado Joel Salas sostuvo que el Instituto ha cumplido con su misión de garantizar el acceso a la información.

Desde esa trinchera, sostuvo, el INAI ha contribuido a evidenciar algunos casos, pero no es su labor emitir sanciones, sino garantizar que la información que debe ser pública efectivamente tenga ese carácter y que las personas tengan garantizado su derecho a pedir información y a recibirla.

“Si hay que dar el debate sobre la pertinencia de la garantía del derecho de acceso a la información, yo te diría que el INAI sale bien librado porque ahí están las resoluciones y los actos de autoridad que hablan por él”, asentó.

El 7 de diciembre pasado, López Obrador reprochó que el INAI y, en su momento el entonces IFAI, cerraron el acceso a la información de las condonaciones fiscales y al expediente del caso Odebrecht.

“El (Instituto) de la Transparencia cuesta mil millones de pesos mantener ese organismo. Se creó ¿y en qué ha contribuido para reducir la corrupción? Al contrario, la corrupción creció como nunca, a la par de que se creó este organismo. Los sueldos de los del Instituto de la Transparencia hasta de 300 mil pesos mensuales”, acusó.

En entrevista, Salas dijo que el compromiso del INAI con el acceso a la información ha quedado evidenciado en algunas resoluciones en las que ha ordenado la entrega de información sensible, como ha sido la relacionada a Ayotzinapa, a San Fernando y al Campo Algodonero.

“Abrimos, en términos económicos y financieros, una resolución que instruyó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a que se entregaran todos los contratos que los tres niveles de Gobierno habían hecho con el Grupo Interacciones; sin embargo, el Grupo Interacciones a petición de la CNBV interpuso un amparo y esta información todavía no es del conocimiento público.

“Ahí hay una oportunidad para que, con el cambio de autoridades, de manera proactiva, la CNBV pueda poner a disposición de la población, saber por qué un crédito similar a 20 años de deuda pública le daba aun estado una tasa de interés del cuatro por ciento y a otro estado del ocho por ciento. Eso hoy, el nuevo Gobierno, si tiene voluntad, podría hacer pública esa información”, señaló.

En el caso de Odebrecht, si bien en unas primeras resoluciones el Pleno del Instituto, por decisión de la mayoría de comisionado, determinó cerrar la información, al final, con una interpretación novedosa, terminó abriéndola a pesar de la resistencia que a la fecha tiene la Procuraduría General de la República.

“Interpusimos la acción de inconstitucionalidad contra mucha leyes locales que en determinado podrían vulnerar el derecho de acceso a la protección de datos personales, e interpusimos una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior”, abundó.

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